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Registro de Comunicaciones de Servicios VTC

El Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor, conocido en el sector como «registro » o «registro de servicios », es el sistema estatal al que los titulares de autorizaciones deben comunicar electrónicamente los datos de cada servicio antes de iniciarlo. Lo creó el , de 7 de septiembre, y está gestionado por la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes. Está operativo desde el 1 de febrero de 2022.

Para qué sirve

El registro es la herramienta de control de la . Como los VTC solo pueden prestar servicios contratados previamente, la Administración necesita un medio para comprobar que cada trayecto fue solicitado antes de comenzar. La comunicación electrónica sustituye en la práctica a la antigua hoja de ruta en papel y permite a la inspección verificar en tiempo real:

  • La existencia de una contratación previa.
  • La identidad del titular de la autorización y, en su caso, del intermediario.
  • La matrícula del vehículo.
  • El punto de recogida y el destino previsto.
  • La fecha y hora del servicio.
  • La coherencia entre el servicio registrado y el efectivamente realizado.

Qué datos hay que comunicar

Antes del inicio de cada servicio, el titular debe comunicar al registro, entre otros datos:

  1. La identificación del arrendador (titular de la autorización).
  2. La identificación del intermediario, cuando exista (por ejemplo, la plataforma).
  3. El lugar, la fecha y la hora de la contratación.
  4. El lugar, la fecha y la hora de inicio del servicio.
  5. El lugar previsto de finalización.
  6. La matrícula del vehículo.

Quién es responsable

La obligación recae sobre el titular de la autorización, tanto si trabaja directamente como si opera a través de plataformas o empresas intermediarias. Aunque la plataforma facilite técnicamente la transmisión de los datos, la empresa titular debe comprobar que las comunicaciones se realizan correctamente. Delegar la operativa tecnológica no elimina la responsabilidad administrativa.

Consecuencias de no comunicar

La ausencia de comunicación, el envío de datos incompletos o incorrectos, o la prestación de servicios distintos de los registrados pueden generar responsabilidad administrativa. En el régimen sancionador valenciano para servicios urbanos amparados por la habilitación provisional, no comunicar un servicio al registro o comunicar datos incompletos o incorrectos constituye infracción grave, con multas de entre 1.001 y 3.000 euros, que pueden elevarse a entre 3.001 y 6.000 euros en caso de reincidencia en los dos años anteriores.

Registros autonómicos

Según el territorio, pueden existir registros autonómicos, obligaciones adicionales o sistemas específicos de comunicación que se suman al registro estatal. Antes de operar en una comunidad conviene comprobar si exige comunicaciones complementarias. La inspección autonómica puede examinar vehículos, instalaciones, documentos y datos digitales relacionados con la actividad; obstaculizarla es infracción muy grave.

Validación judicial

El fue recurrido ante el Tribunal Supremo alegando, entre otras cosas, vulneración de la protección de datos y de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. El Supremo desestimó el recurso y avaló la obligación de comunicación y la creación del registro, lo que consolida su carácter obligatorio.

Implicaciones operativas y económicas

Cumplir con el registro exige que el titular disponga de un sistema de comunicación propio o integrado en su herramienta de gestión de flota, lo que puede generar costes tecnológicos. A cambio, la trazabilidad de servicios es un activo: una empresa con comunicaciones actualizadas, contratos correctos y documentación en orden tendrá más facilidad para superar inspecciones, adaptarse a cambios normativos y acreditar su actividad ante un comprador. El detalle de las obligaciones por territorio está en las guías sobre la normativa VTC en la Comunidad Valenciana y la normativa VTC en Castilla-La Mancha.

Fuentes

  • , de 7 de septiembre, sobre el control de la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (BOE-A-2021-16032), artículos 1 y 2.
  • Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre (antecedente de la obligación de comunicación).
  • Decreto-ley 5/2026, de 29 de mayo, del Consell (régimen sancionador autonómico).
  • Sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso contra el RD 785/2021.
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